Hay territorios, comunidades, personas y valores de los que el sistema económico propone prescindir en su búsqueda de crecimiento: periferias desechables que se escogen incluso a partir de nociones de superioridad racial[42]. El resultado son pueblos arrasados, comunidades desplazadas, paisajes esquilmados, montañas resquebrajadas, ríos anaranjados, suelos empobrecidos y envenenados, ciclos de agua alterados, noches sin silencio taladradas por la productividad, lenguas indígenas casi extintas, líderes asesinados… Con un criterio que privilegia “el bienestar de la nación”, y en realidad defiende la generación de riqueza para unos cuantos, se otorgan licencias jurídicas, sociales y políticas para la devastación.
La región del Magdalena Medio colombiano era uno de los valles interandinos más biodiversos del país, con una notable concentración de ecosistemas de ciénaga que hoy se encuentran contaminados casi en su totalidad. En la región se explotan hidrocarburos desde 1918, condición que, en lugar de generar el prometido “desarrollo”, ha acentuado la desigualdad y la pobreza, sometiendo a sus poblaciones empobrecidas a la violencia como vía para afianzar el proyecto económico petrolero[43]. Barrancabermeja, el principal municipio de la región, perdió casi el 70 % de su selva debido a la perforación de más de cinco mil pozos de exploración y producción de petróleo[44]. Y como si lo anterior no fuera suficiente, ahora se pretende intensificar el modelo extractivo mediante el fracking.
